Margaret Thatcher y el movimiento obrero británico. Parte 1

La década de los setenta fue un periodo agitado en el Reino Unido, tanto como para la clase trabajadora como para los diferentes gobiernos que se fueron sucediendo. Esta inició con la victoria del Partido Conservador, el ascenso de Edward Heath en reemplazo del laborista Harold Wilson.

El gobierno de Heath inició implementando una nueva ley de relaciones laborales que limitaba el poder de los sindicatos en favor del libre mercado. Con esta ley se buscaba reducir la capacidad de las negociaciones colectivas de trabajo y el derecho a huelga. El primer ministro consideraba que el poder político de los sindicatos no residía en el movimiento en sí, “sino de la generosidad del partido político en el gobierno. El gobierno de Heath estaba decidido a frenar los derechos de negociación existentes que habían poseído los sindicalistas desde la Segunda Guerra Mundial”. (Todd, 2018: 318)

Los años del gobierno conservador estuvieron signados por la conflictividad entre el movimiento obrero y las élites dirigentes representadas en el 10 de Downing Street. Como se mencionaba anteriormente, las intenciones del partido de gobierno eran claras y se plasmaron en medidas concretas. En el periodo de Heath (1970-1974) se registraron cinco estados de emergencia, donde la postura era la de no negociar con los sindicalistas, llegando a apresar manifestantes.

Otra de las avanzadas del gobierno fue su Ley de Vivienda en 1972, que establecía que el precio de los alquileres públicos se rigiera por los precios del mercado, llegando así a ser más costosos que los privados. La respuesta ante esto fue protestas organizadas y lideradas por las mujeres que residían en las mismas. Esta fue una extensa y complicada lucha que terminó en derrota de las manifestantes, pero “las huelgas de alquiler tuvieron un legado imprevisto. Trabajar juntas por un fin común, plantarse ante los políticos y la policía, y afrontar la posibilidad muy real de que las encarcelaran por sus acciones, afectaron profundamente a muchas mujeres.” (Todd, 2018: 322).

Para 1974 la calidad de vida de la clase obrera disminuye, la crisis del petróleo del año anterior produjo un aumento de precios y reducción de salarios por parte del gobierno. Esto provocó una gran huelga de los mineros, que mermaron el abastecimiento de combustible hasta el punto de que se redujo la semana laboral a tres días. El acuerdo con los trabajadores habría sido menos costoso, pero para el gobierno esto más que una disputa económica, era política, y estaba decidido a atacar. Ante la situación crítica que se atravesaba, el resultado de este conflicto fue un llamado a elecciones de emergencia, la consigna de Heath en estos comicios era la de “¿Quién gobierna en GB?” (si él o los sindicatos) y la respuesta de la sociedad fue “él no” (Todd, 2018: 327).

Así se producía nuevamente el ascenso de un gobierno laborista, la vuelta de Wilson con un programa ambicioso en favor de los trabajadores, pero que no supo cómo materializarlo. Wilson renunciaba a los dos años debido a su salud y lo sucedía Jim Callaghan. El nuevo Primer Ministro, que no tenía las mismas prioridades que su antecesor, se veía sumido en la presión de la oposición y recurrió al FMI, acordando reducir el gasto público, relegando la centralidad que tenían los principios de posguerra del pleno empleo y el bienestar. Esto fomentaba una fuerte crítica al Estado de Bienestar, planteando que el gasto público era la causa de la crisis económica. El gobierno se excusaba en que, sin el acuerdo con el Fondo, las empresas se habrían ido al extranjero y que eso profundizaría el desempleo.

En 1977 el movimiento obrero se solidarizó con los manifestantes de Grunwick (los cuales eran extranjeros que protestaban porque no los dejaban sindicalizarse), logrando una unidad que sobrepasó las barreras raciales y de género, marcando un hito que atemorizó y se ganó la condena tanto del gobierno como de la oposición. Se desplegó una gran represión para finalizar la lucha que duró hasta 1978, generando arrestos y despidos. Tras el “invierno del descontento” se demostró la falta de capacidad de control del laborismo, y la fuerza del movimiento para condicionar a los gobiernos.

Las diversas protestas siguieron y el antagonismo de la dirigencia política en general hacia las mismas se fortaleció. Los partidos eligieron favorecer a los capitalistas y veían como peligroso al movimiento obrero, los valores de bienestar de la posguerra se dejarían completamente de lado. “Las actitudes políticas de la propia gente estaban cambiando al final de la década” esto significó la llegada de Margaret Thatcher al poder, con un discurso individualista y pro libre mercado que daría control y estabilidad a la sociedad. (Todd, 2018: 332).

El gobierno de Thatcher: su política laboral

Margaret Thatcher llegó al 10 de Downing Street en mayo del año 1979, tras vencer por el 43,9%, en una elección convocada luego del voto no confianza que obtuvo su antecesor laborista Callaghan. Logrando así ser la primera mujer en ser elegida para el cargo.

Discursivamente la “Dama de Hierro” se mostraba claramente partidaria de las ideas neoliberales, otorgando el lugar primordial al mercado, y dejando de lado la intervención del Estado en la misma, cómo también al corporativismo industrial. Sin embargo, hubo paulatino abandono de las políticas ortodoxas del dogma monetarista, pero esto no significó un fracaso del modelo neoliberal en la reestructuración del Estado y las relaciones sociales, sino que dotó de “un gran pragmatismo en la toma de decisiones políticas” ya que se debía a necesidades prácticas para la ruptura de los pactos de la posguerra (Farfán, 1991: 110).

Un factor clave que permitió que avanzara la política laboral en contra del movimiento obrero, fue el enfrentamiento de las bases obreras con la burocracia del laborismo, lo que impidió lograr una posición unificada ante el gobierno. Esto posibilitó el avance en materia legislativa contra la fuerza de los sindicatos. Fueron dos grandes reformas a las que apuntó el gobierno conservador: una referida al closed shop, que significaba que las empresas no podían contratar trabajadores que no estén afiliados al sindicato. La otra medida era la prohibición de huelgas que tuviesen que ver con cuestiones externas a los conflictos de los gremios con sus respectivas empresas. Estos cambios, el gobierno las presentaba como democráticas, pero lo que buscaba era desarmar a los obreros organizados.

Es en el año 1980 cuando se establece una primera Employment Act donde se atacaba la atribución que poseían los sindicatos respecto al closed shop. La nueva ley sancionaba los despidos de trabajadores que se negaran a afiliarse a un sindicato. Por lo tanto, se estaba minando la facultad de los gremios de nuclear a todos los trabajadores de la empresa. Se sancionaba a la empresa por despedir a quienes no se afiliaban, demostrando que para el gobierno ya no tenía legitimidad la política del closed shop. Para 1984 el closed shop se prohibía y se otorgaba la potestad a los trabajadores de no participar en paros aunque la mayoría hubiese decidido por su ejecución. Se arrebataba una poderosa herramienta.

En sucesivas Employment Act implementadas entre 1980 y 1982 fueron declaradas ilegales las huelgas que no tengan que ver con la empresa en conflicto. Es decir, se prohibió la realización de paros en solidaridad a otros gremios o con otros intereses políticos más allá de las cuestiones laborales. También se penalizó las campañas gremiales de afiliación forzada.

“La limitación de la actividad sindical y el abandono total de las formas de concertación corporativa surtieron el efecto esperado” porque el gobierno pudo soportar los ataques de los sindicatos y su credibilidad ante la sociedad. (Farfán, 1991: 111). Solo fue en la gran huelga minera del 84’/85’ donde el gobierno fue golpeado y desestabilizado, pero que finalmente pudo superarlo.

Para 1988 se aprobaron normas que obligaban a los sindicatos a realizar una especie de referéndums internos para hacer huelgas y decidir acciones sindicales; elecciones de autoridades de manera periódica y la capacidad de iniciar acciones legales contra los representantes gremiales. Estas medidas atacaron el sistema de los delegados de base, también conocido como los Shop Stewards, que era donde residía uno de los puntos fuertes de la organización obrera.

Como resultado de las políticas que se llevaban a cabo, el número de huelgas y de afiliados a los sindicatos disminuyeron;

“Con estas reformas, se venció la capacidad de resistencia del movimiento obrero (ilustrado de forma dramática en la derrota de los mineros en 1985) y al mismo tiempo se crearon las condiciones para introducir el principio de la flexibilidad del trabajo a la manera neoliberal.” (Farfán, 1991: 112).

¿Cómo respondieron los trabajadores? Eso lo veremos en la parte 2

Bibliografía:

*Farfán, G. (1991). Las lecciones del neoliberalismo británico. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 36(145), 103-126

*Todd, Selina (2018) «Capítulo 14: Problemas y conflictos» y «Capítulo 15: Tiempos duros» en El pueblo. Auge y declive de la clase obrera (1910-2010). Madrid, España. Ed. Akal.

Fiel creyente de que todas las personas somos intelectuales, como decía Gramsci, impulso este medio con el fin de generar herramientas para pensar crítica e históricamente. Profesor de Historia. Algún día voy a presentar la tesis. Bostero, fanático de Charly García, Borges y LeBron James.

Pd: no se me ocurrieron descripciones tan buenas como las de mis colegas

Edward Heath - Getty Images

Harold Wilson- PA // Getty Images

James Callaghan - Library of Congress

Margaret Thatcher - Terry O'Neill // Hulton Archive // Getty