El poder de las palabras: la crueldad de la intolerancia.

La violencia y discriminación hacia la comunidad LGTTBIQ+ persisten, como lo demuestra el reciente triple lesbicidio en Barracas y el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) misionero sobre el travesticidio de Evelyn Rojas. Esto expone la peligrosa influencia de la ultraderecha y la necesidad urgente de políticas inclusivas, además de una transformación cultural profunda para garantizar una sociedad justa y respetuosa para todos.

POLÍTICA

Camila Lattes

5/18/20245 min read

Hace 14 años, Natalia "Pepa" Gaitán fue asesinada por ser lesbiana. Este brutal crimen impulsó un movimiento que culminó en la proclamación del 7 de marzo como el Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina. Sin embargo, la lucha por la igualdad y contra la violencia continúa. El pasado 6 de mayo, Justo Fernando Barrientos, un hombre de 62 años, perpetuó un triple lesbicidio lanzando un cóctel molotov a la habitación de una pensión en el barrio Barracas, en Buenos Aires, donde residían Pamela Cobos, Mercedes Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro (la única sobreviviente). El hecho volvió a poner de manifiesto la crueldad con la que la intolerancia puede manifestarse en nuestra sociedad, donde el odio y la violencia no son incidentes aislados, sino parte de un patrón de discriminación y exclusión sistemática hacia las disidencias sexuales.

La ultraderecha argentina perpetúa una narrativa que busca legitimar el homoodio, deslegitimar los derechos humanos en general y de la comunidad LGTBIQ+, en particular. Los discursos de la ultraderecha no solo distorsionan la realidad, sino también incitan a la violencia y crean un ambiente en el que los crímenes de odio pueden justificarse y proliferar. Lo vemos todo el tiempo respecto a las identidades sexuales y también ante todo tipo de expresiones políticas que difiera a la de ellos. Y no, nadie se alarma.

Es crucial entender que la discriminación y la violencia por motivos de géneros no se limitan a actos individuales de odio. Estas agresiones están profundamente enraizadas en una estructura social que excluye y margina a quienes no conforman la heteronorma. La exclusión social, la precariedad laboral y habitacional y la violencia simbólica se entrelazan para crear un entorno hostil que pone en riesgo la vida y la dignidad de las personas. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló, basándose en evidencia, que los ataques y crímenes contra personas LGTBIQ+ suelen estar precedidos por un contexto de deshumanización y discriminación.

Los datos son contundentes: en 2023, 133 personas fueron víctimas de crímenes de odio en Argentina, de las cuales 91 murieron. La alta tasa de desocupación entre la población LGTBIQ+ es alarmante en comparación con la media nacional y la discriminación laboral y el maltrato son experiencias comunes. Esta realidad lleva a niveles preocupantes de estrés, ansiedad y depresión en la comunidad y afecta de manera grave su salud mental.

La retórica de odio y exclusión de la ultraderecha no solo refleja prejuicios antiguos, sino también se alimenta de la crisis económica y social actual. En un contexto de incertidumbre, estos discursos encuentran eco entre quienes buscan chivos expiatorios para sus frustraciones y miedos. La demonización de las disidencias sexuales se convierte en una herramienta política para movilizar el resentimiento y consolidar el poder.

LA JUSTICIA ES CIEGA, SORDA, MUDA Y ODIANTE

Este mes se cumplen dos años de la sentencia a Ramón Da Silva como el responsable de asesinar a Evelyn Rojas (26) durante la madrugada del 27 de octubre del 2016 en Posadas. En aquella oportunidad, en un fallo dividido, “Junior” o “Ramoncito” fue condenado a prisión perpetua por homicidio triplemente agravado por la relación de pareja, odio a la identidad de género y femicidio. Los delitos están considerados respectivamente en los incisos 1, 4 y 11 del artículo 80 del Código Penal Argentino y se trató de la segunda condena por odio a la identidad de género en la historia argentina (el primero en Misiones) luego del caso Diana Sacayán, que firmó el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4 de la CABA en el 2018.

Según el diario El Territorio, el STJ de Misiones borró de los libros de historia penal este hito y por unanimidad, tras la apelación del abogado del acusado, quitó el agravante de odio que pena el crimen “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

No obstante, el STJ no modificó la sentencia a cadena perpetua, se mantuvo el agravante de femicidio y no disminuyeron la pena. Esto explica, ante los misioneros, que el STJ tomó una posición política para excluir los delitos de odio de la jurisprudencia misionera; perpetúan un modelo enraizado en los crímenes de odio e invisibilizan un problema real. Lo que no se nombra, no existe. Y, por lo tanto, no necesitan de políticas que juzguen enteramente un delito.

HARTXS

Es imperativo que como sociedad reconozcamos el daño que causan estos discursos de odio. Las palabras tienen poder y cuando son emitidas desde posiciones de autoridad, pueden desatar oleadas de violencia y discriminación. No podemos permitir que la crueldad y la intolerancia se conviertan en políticas de Estado. La protección de los derechos humanos debe ser una prioridad innegociable en cualquier democracia, para todas las instituciones que la componen.

La lucha contra la discriminación y la violencia no puede limitarse a respuestas reactivas. Necesitamos una transformación profunda de las estructuras sociales que perpetúan la exclusión y la desigualdad. Políticas públicas inclusivas, educación en diversidad y derechos humanos desde temprana edad, y la promoción activa de una cultura de respeto y empatía son fundamentales para construir una sociedad justa.

La estigmatización histórica de la comunidad LGTBIQ+ fue combatida con éxito en varios frentes, como con la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género en Argentina. Sin embargo, estos avances legales deben ir acompañados de un cambio cultural profundo y políticas destinadas a visibilizar sus condiciones y sus derechos humanos. Las actitudes de rechazo y odio que persisten en la sociedad no se disipan con facilidad y requieren un esfuerzo constante de sensibilización y educación para ser erradicadas.

Los discursos de odio emitidos desde las altas esferas del poder tienen un impacto devastador. Cuando líderes políticos como Javier Milei y sus allegados promueven la intolerancia y la discriminación, no solo validan estos sentimientos en sus seguidores, sino también los transforman en acciones concretas de violencia. Es fundamental que la sociedad civil y los medios de comunicación desafíen y denuncien estas narrativas, en defensa de la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos.

La memoria de Natalia "Pepa" Gaitán, Evelyn Rojas en Misiones, el triple lesbicidio y tantos otros crímenes de odio a lo largo y a lo ancho de nuestra sociedad deben servir como recordatorios de la importancia de la visibilidad y la lucha por los derechos de las personas LGTBIQ+. La movilización y el activismo son esenciales para enfrentar la violencia y la discriminación y avanzar hacia una sociedad en la que todas las personas puedan vivir sin miedo. La defensa de los derechos humanos es una lucha continua que requiere el compromiso de todos. Es primordial seguir trabajando para desmantelar las estructuras de poder que perpetúan la injusticia y la desigualdad, solo entonces podremos asegurar un futuro donde el respeto y la igualdad sean una realidad para todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual.

Licenciada en Comunicación Social, apasionada por las ciencias sociales pero también flasheo con la física cuántica. Relativizo todo. Me cuestan dos cosas: los títulos y los finales, pero a veces me ayuda chatGPT. Inquieta, curiosa e intensa (todo lo que veo como algo positivo). Mamá de una gata que llamé Isabel La Gatólica. Feminista y Radicheta.